Programa de Gobierno de Michelle Bachelet (resumen).

Un gran sistema de protección social, el fomento de la innovación y el emprendimiento y la profundización de la democracia son los tres pilares del programa de gobierno de la candidata presidencial.

El documento no sólo apunta a consolidar y reforzar los logros de los anteriores gobiernos concertacionistas, sino principalmente a reducir las desigualdades, acabar con la pobreza y combatir la discriminación y la exclusión.

Dicho programa se basa en tres pilares básicos. El primero es instaurar un nuevo y gran sistema de protección social que acompañe a las personas desde la cuna hasta la tercera edad, asegurándoles la oportunidad de educarse y trabajar, de protegerse contra la delincuencia, de cubrir riesgos por enfermedad e invalidez y garantizándoles una vejez digna.

Este eje contempla los siguientes ámbitos:

Educación: Impulsar una política de estimulación temprana para todos los niños que se atienden en los consultorios de salud; implantar gradualmente un sistema de atención preescolar para niños entre cero y cuatro años del 40 por ciento más pobre de la población y a todos los niños cuyas madres trabajen; garantizar el acceso de todos los niños a prekinder; aplicar una subvención preferencial para niños más vulnerables entre prekinder y cuarto básico, que duplicará la subvención básica actual; reducir gradualmente el tamaño máximo de los cursos de 45 a 35 alumnos, comenzando con escuelas para niños de menos recursos; establecer un subsidio al transporte escolar rural y garantizar el financiamiento a la educación superior de todo joven talentoso, con una combinación de becas, crédito, garantías públicas y subsidios al ahorro de las familias. Estos beneficios se extenderán a los jóvenes que postulen a universidades, centros de formación técnica, institutos superiores y escuelas matrices de las Fuerzas Armadas.

Empleo: Facilitar nuevas modalidades de trabajo (jornada parcial, part-time y tele trabajo) adecuando las modalidades existentes de contratación, para aumentar la participación de mujeres y jóvenes; promover que empleadores y trabajadores negocien colectivamente las condiciones específicas de la jornada horaria para cada empresa; ampliar el programa de bonificación al contrato de aprendizaje para jóvenes, y agregar recursos específicos para la capacitación y formación laboral de jóvenes en situación de riesgo, entre 18 y 24 años; expandir la cobertura del Seguro de Cesantía; combatir las prácticas anti-sindicales, impulsar proyectos de ley contra abusos en horarios y cargas de trabajo, contratos falsos y excesos en polifuncionalidad y evitar que la subcontratación se vuelva una forma de eludir la legislación laboral.

Salud: Garantizar que las garantías explícitas que consagra el Plan Auge sean cumplidas, mejorando el acceso y la oportunidad de la atención de salud; abarcar 80 patologías en el AUGE al año 2010; fortalecer el sistema público de salud, ampliando su infraestructura, capacitando su personal y reforzando su capacidad para negociar con clínicas, laboratorios y sociedades profesionales para servicios complementarios; incrementar los recursos destinados a atender necesidades no cubiertas por el Plan Auge en consultorios y hospitales; reforzar la atención primaria como puerta de entrada al sistema; crear los Centros Comunitarios de Salud Familiar; introducir más competencia en el mercado de las Isapres, estandarizando y simplificando los planes, para que consumidores puedan comprender sus contratos y comparar alternativas; estimular la contratación colectiva de planes de seguro médico a las Isapres; garantizar estándares básicos de calidad de atención en los consultorios y hospitales del país; terminar con las cancelaciones de horas médicas y establecer mecanismos explícitos de compensación cuando ello ocurra y ampliar la gratuidad en la atención de salud en hospitales públicos a los mayores de 60 años.

Seguridad Ciudadana: Cambiar la legislación para que impida beneficios procesales y carcelarios a quienes reinciden y que creen un estricto control sobre quienes salen en libertad provisional, condicional o acceden a beneficios carcelarios; otorgar urgencia a los delitos mayores; exigir que las autoridades del ejecutivo que trabajen en el ámbito de la seguridad ciudadana den cuenta pública trimestral; crear el Ministerio de Seguridad Ciudadana, un centro unificado de emergencias que coordinará y una unidad de atención a inmediata víctimas de delitos graves; aumentar la dotación de la Policía de Investigaciones en 500 efectivos por año y de Carabineros en 1500 efectivos por año; subsidiar la contratación de jóvenes en riesgo, dentro del Plan de Más y Mejores Empleos; focalizar los programas de reinserción escolar del Ministerio de Educación a jóvenes en riesgo social identificados por la red social que tengan entre 14 y 18 años; fortalecer los programas y planes de prevención de drogas en establecimientos educativos y cárceles; intensificar programas y la práctica del deporte formativo y recreativo.

Pobreza: Traspasar funciones del programa Chile Solidario a los municipios con capacidades de gestión; apoyar a las instituciones especializadas en la atención de personas que viven en la calle; reemplazar la ficha CAS por un mejor instrumento de caracterización social de las familias y establecer subsidios que ayuden a las familias de menores recursos a sobrellevar los costos del cuidado de adultos mayores discapacitados o postrados y establecer drásticas sanciones al maltrato a los ancianos en hogares.

Tercera Edad: Formar un Consejo Comisión para la Reforma Previsional, que en Junio de 2006 presente una propuesta de reforma al sistema. Este Consejo deberá proponer medidas que: consoliden un pilar solidario del sistema, amplíen la cobertura y estimulen las cotizaciones de los independientes; terminen con la discriminación contra las mujeres (a igual fondo, igual pensión) e introduzcan más competencia en mercados de las AFP y otorgar a los adultos mayores de 65 años y discapacitados carentes de ingresos y previsión el derecho a acceder en forma automática a la pensión asistencial.

Vivienda: Impulsar medidas para dar una solución definitiva a la carencia de vivienda del 20 por ciento más pobre del país; aplicar un plan para terminar totalmente con el déficit habitacional en los próximos 8 años, a fin que en el 2014 no hayan familias chilenas que no tengan donde vivir; impulsar programas para rehabilitar los conjuntos habitacionales con carencias de estándar y equipamiento urbano; crear un programa de atención y asistencia técnica para reparar las viviendas que presentan deficiencias o trasladar a sus habitantes a viviendas nuevas; mejorar los estándares de calidad y ampliar el tamaño de la vivienda social y establecer fondos concursables para renovar bloques de vivienda.

Deporte: Reestructurar las políticas de desarrollo deportivo; focalizar los recursos de infraestructura en mejorar los recintos deportivos existentes, tanto de Chiledeportes como privados; aumentar las horas destinadas a la actividad física en la educación, desde el nivel preescolar al secundario, apoyando a los sectores más vulnerables y promocionar el deporte masivo en barrios y comunas.

El segundo pilar apunta a fomentar la innovación y el emprendimiento a través de una nueva política de desarrollo que estimule la innovación, la adopción de nuevas tecnologías, los encadenamientos productivos y la creación de nuevos polos de desarrollo exportador.

Este eje contempla los siguientes ámbitos:
Crecimiento y Estabilidad: Mantener la meta de superávit estructural de 1 por ciento del Producto Interno Bruto mientras subsistan factores de riesgo en la situación fiscal; institucionalizar el mecanismo del Fondo de Contingencia contra el Desempleo, permitiendo que cuando el desempleo aumente el gobierno cuente con recursos adicionales para invertir en programas de generación de empleo. Se proyecta un incremento real del gasto público de 6 por ciento en 2006. Mantener el incremento real anual del gasto público en 6 por ciento más allá de 2006 requeriría que se mantenga el IVA en 19 por ciento y se emprenda un nuevo esfuerzo contra la evasión y elusión.

Nueva Política De Desarrollo: Conformar el Consejo de Innovación para la Competitividad; implementar la Estrategia Nacional de Innovación para la Competitividad que éste elabore y ponga en marcha el Fondo de Innovación para la Competitividad. Meta: en el 2010 más del 1 por ciento del PIB en Investigación y Desarrollo; exigir el aporte privado en todos los programas de financiamiento de investigación aplicada.

Política de Competencia: Proponer que el Fiscal Nacional Económico (FNE) sea nombrado dentro del sistema de Alta Dirección Pública; establecer que los miembros del Tribunal de la Libre Competencia sean de dedicación completa y exclusiva; promover la declaración explícita de una política de fusiones que defina lineamientos a seguir en la determinación de conductas anticompetitivas en caso de fusiones y sustituir la actual multa máxima por multas iguales al cálculo de daños por violación de libre competencia e introducir el esquema de delación compensada en investigación de una acción colusiva.

Más Emprendimiento para Chile: Crear la Subsecretaría de Pequeña y Mediana Industria en el Ministerio de Economía, a cargo de coordinar las políticas de fomento; las Agencias Regionales de Desarrollo en todas las regiones para coordinar los programas de apoyo a la PYME a nivel regional; perfeccionar el Impuesto de Timbre y Estampilla, eximiendo de su pago a reprogramaciones de cualquier tipo de crédito, independiente de que sea con otro banco o institución financiera; establecer un sistema simplificado de tributación para MIPES; simplificar los trámites para la creación, modificación y cierre de MIPES; instituir un Servicio País para MIPYMES y un Fondo Nuevos Emprendedores para egresados de educación superior que creen su empresa.

Mercado de Capitales: Crear una única superintendencia financiera, que agrupe las funciones de banca, valores, seguros y AFP.

Telecomunicaciones y Agenda Digital: Efectuar una revisión del régimen tarifario, focalizando esfuerzos regulatorios y tarifarios en los operadores con poder significativo de mercado y trasladar la SUBTEL al Ministerio de Economía.

Nueva Política Ambiental: Dar rango de Ministro al director de CONAMA; crear una Superintendencia Ambiental, para fortalecer funciones fiscalizadoras y sancionatorias; desarrollar un Plan Nacional de Protección de la Naturaleza con medidas institucionales y legales; proponer una ley corta de biodiversidad que defina las condiciones para el fomento del uso productivo del bosque nativo y el desarrollo de parques privados; establecer una Estrategia Nacional de Cuencas que identifique las cuencas que se podrán intervenir y las que es de interés nacional preservar, tomando en cuenta biodiversidad y pueblos originarios, por lo que se condicionará la aprobación de proyectos hidráulicos de gran escala a dicha estrategia; completar la aplicación de Transantiago y avanzar con Biovías y la reforma del transporte en el Gran Valparaíso.

Desarrollo Energético: Impulsar un Plan de Seguridad Energética que identifique distintas opciones de fuentes de energía, evalúe su potencial de desarrollo, costos y consecuencias ambientales; continuar los esfuerzos por un entendimiento con nuestros países vecinos para construir un Anillo Energético en el norte, enfatizando mecanismos jurídicos que impidan que los países exportadores interrumpan arbitrariamente el suministro y revisar la estructura del impuesto específico a los combustibles para disminuir la asimetría entre el petróleo diesel y la gasolina.

Minería: Concordar una Agenda Minera para el Desarrollo. Fortalecer la innovación tecnológica en minería, desarrollar el cluster minero, apoyar la proyección internacional de las empresas proveedoras y mantener a Codelco en manos del Estado, perfeccionando su gestión.

Chile Potencia Alimentaria: Crear el Ministerio de la Agricultura y la Alimentación, que coordinará todas las políticas relativas a esta industria y que trabajará por hacer de Chile una potencia alimentaria e impulsar el crédito hipotecario agrícola para impedir la extrema fragmentación de la tierra y favorecer el acceso a ella a jóvenes emprendedores campesinos. Fortalecer el acceso a crédito, especialmente de capitalización y de largo plazo, vía BancoEstado.

Pesca y Acuicultura: Consolidar el Fondo de Fomento de la Pesca artesanal como articulador de las políticas públicas destinadas al fomento productivo de este sector y promover los seguros de vida para los pescadores artesanales y su acceso a sistema de salud y previsión social.

Turismo: Diseñar una Estrategia de Promoción y Marketing Integral para turismo nacional e internacional.
El tercer pilar Un nuevo trato para los ciudadanos apunta a profundizar la democracia de modo que incluya y represente a todos los chilenos; entregue más libertad e igualdad; evite las discriminaciones en todas sus formas e impulse un gobierno más participativo, inclusivo, transparente y equitativo.

Este eje incluye los siguientes ámbitos:
Sistema de inscripciones y votaciones: Promover un sistema de registro electoral automático para los mayores de 18 años y el voto voluntario y un mecanismo de votación electrónico. Insistir en la aprobación de un proyecto de ley que haga efectivo el derecho a voto de los chilenos en el extranjero.

Sistema electoral: Diseñar y aprobar un sistema electoral que sustituya el sistema binominal y garantice la competitividad, representatividad y gobernabilidad.

Iniciativa Ciudadana: Crear la iniciativa popular de ley en todos los ámbitos que no sea de exclusiva iniciativa del Presidente de la República, como las de gasto, materias tributarias o internacionales y exigir la rendición periódica de cuentas públicas a nivel central, regional, y comunal.

Servicios públicos de excelencia: Durante el primer año de gobierno deberá operar plenamente la institución del Defensor Ciudadano; durante el gobierno se creará una Agencia para la Calidad de las Políticas Públicas, con capacidades, facultades y recursos para garantizar eficacia y transparencia en la aplicación de los recursos públicos.

Empresas públicas: Promover directorios profesionales con representación de independientes y fortalecer el Sistema de Empresas Públicas con un Consejo nombrado por el Ejecutivo y con directores independientes.

Transparencia y probidad: Impulsar el proyecto de ley que regula el lobby, que establezca un registro público de lobbistas y evite la interposición de intereses personales en procesos de toma de decisiones y eliminar la causal de reserva de “buen funcionamiento” de la actual normativa, que en la práctica limita el acceso a la información.

Financiamiento de la política y partidos: Impulsar una reforma que autorice donaciones electorales sólo si provienen de personas naturales y no de empresas, haciendo obligatoria la publicación en Internet de donaciones por grandes sumas de dinero y penalizando infracciones a la ley con la pérdida del subsidio estatal; centralizar en el Servicio Electoral la recaudación de aportes y el pago de prestaciones y facturas de los candidatos para limitar efectivamente el gasto electoral y promover una ley por la democracia interna de los partidos políticos que exija elecciones primarias para la definición de candidaturas locales, regionales y nacionales.

Participación ciudadana: Diseñar y aplicar un sistema de audiencias ciudadanas para que los ciudadanos puedan tener acceso a los ministros, jefes de servicios y otras autoridades; incentivar la opinión ciudadana en el sistema de evaluación de impacto ambiental y proyectos de alto impacto y establecer mecanismos de participación ciudadana en procesos de fijación tarifaria de servicios públicos.

Reformas a la justicia: Iniciar el proceso de reforma del procedimiento civil para generar una justicia civil más expedita, oportuna, comprensible y dinámica. Reformar el Código de Procedimiento Civil, para establecer juicios orales, expeditos y públicos con sistemas alternativos de resolución de conflicto; Cambiar el Código de Justicia Militar, que ha quedado superado por la nueva realidad jurídica; delimitar con precisión la competencia de la Justicia Militar; crear un sistema de Justicia Vecinal o Local y revisar el sistema de notarios y conservadores, de modo de asegurar un servicio transparente, eficiente y accesible a toda la ciudadanía.

La democracia en la puerta de la casa: Impulsar la elección directa de los Consejeros Regionales; desarrollar mecanismos de presupuestos participativos, que permitan que la voz de la ciudadanía se exprese y que incida sobre las prioridades en la asignación de recursos.

Municipalidades y regiones al servicio de la gente: Promover un Pacto Fiscal entre el gobierno, las municipalidades y la ciudadanía, orientado a ampliar los recursos, la eficiencia y la rendición de cuentas en las comunas y con exigencias de calidad de servicio a las municipalidades y traspasar a las regiones buena parte de las funciones públicas de fomento productivo. Las Agencias Regionales de Desarrollo se constituirán dentro de una alianza estratégica entre el sector público y privado en beneficio del de cada región.

Discriminación: Apoyar el proyecto de ley antidiscriminación y toda medida legislativa y administrativa que establezca recursos judiciales y/o administrativos eficaces para resolver reclamos por discriminación arbitraria; establecer un Código de Ética Pública para las reparticiones del Estado y promover la libertad de culto y el desarrollo de todos los credos en la sociedad.

Igualdad de Género: Conformar un gobierno paritario entre hombres y mujeres en cargos de designación presidencial e impulsar una Ley de Cuotas que corrija el déficit de representación política femenina; reforzar las sanciones en los juicios por pensiones de alimentos; proponer que el ocultamiento malicioso de información para estos efectos sea delito y erradicar la discriminación contra las mujeres en edad fértil en los planes ofrecidos por las Isapres.

Discapacidad y derechos: Establecer subsidios a la capacitación, a la remuneración y a la infraestructura física de las empresas que contraten personas con discapacidad; y eliminar las discriminaciones que afectan la capacidad jurídica de los discapacitados para celebrar actos o contratos.

Minorías sexuales y respeto: Legislar para entregar estabilidad jurídica básica a las parejas de hecho, independientemente de su composición, y regular la adquisición de bienes comunes, derechos hereditarios, cargas y beneficios de seguros, entre otras materias civiles.

Derechos humanos Impulsar la elaboración de un Programa Nacional de Derechos Humanos como una política de Estado y crear un Archivo Nacional de la Memoria para preservar debidamente y difundir la documentación sobre derechos humanos emanada de las comisiones de verdad.

Libertad de Expresión: Eliminar las normas de desacato y legislar para impedir formas de restricción judicial de la libertad de expresión.

Pueblos originarios: Cumplir los compromisos contraídos a partir de la declaración del Nuevo Trato en Abril del 2004, aquellos que dicen relación con el Fondo de Tierras y Aguas, y el Fondo de Desarrollo Cultural de CONADI; impulsar urgentemente el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios; dar alto rango político a las políticas a través de la creación de una Subsecretaría de Asuntos Indígenas en el Ministerio de Planificación y expandir los programas de Educación Intercultural Bilingüe. Aumentar las becas para estudiantes indígenas, comprometiendo recursos, hogares, acceso a tecnologías y diversas formas de intercambio.

Cultura al alcance de todos: Llevar la cultura a regiones e insertar la cultura en el proceso de descentralización; incorporar a artistas y gestores culturales como parte de los profesionales que el Servicio País ofrece a las localidades más remotas; crear el Fondo Estatal de adquisiciones patrimoniales, administrado por el Instituto del Patrimonio, conformado por aportes públicos y privados; crear una Cineteca Nacional; perfeccionar los fondos de creación, distinguiendo entre fondos de excelencia, fondos regionales, fondos plurianuales para artistas que requieren mayores plazos en sus obras, y fondos tradicionales y adoptar una política nacional del libro y la lectura, que facilite su acceso y fomente la lectura. Entregaremos material gratuito a estudiantes más necesitados.

Defensa: El servicio militar obligatorio está obsoleto. No podemos tener otra tragedia como la de Antuco. Por eso terminaremos con el servicio militar obligatorio y profesionalizaremos completamente las Fuerzas Armadas, dentro de un plazo de 5 a 10 años. Eso nos permitirá dar empleo y ofrecer un sueldo a los jóvenes que ahora hacen el servicio militar. Y lo haremos sin aumentar el gasto en defensa.

18 de Octubre de 2005.

(Baje el Programa de Gobierno completo aquí.)